«No creo que ese objetivo superior haya de verse modificado porque haya un momento inicial de cambio de pautas de trabajo, de una cierta carga de trabajo adicional. Eso es lo que hay que resolver», ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa desde Bruselas, preguntado si hay margen para suavizar o flexibilizar los plazos para resolver las causas que estipula la normativa.

Catalá ha recordado que la nueva ley, ya aprobada por el Parlamento, contempla que «todas» las causas pendientes «se califiquen como sencillas y por lo tanto se terminen en seis meses o, complejas, y tengan un plazo de hasta 18meses» un trabajo de calificación que «sin duda» implica «una carga de trabajo inicial».

Pero ha rechazado que se deba hacer «en dos meses» una vez que entre la ley en vigor el próximo 7 de diciembre. «No es así. Es hasta el 7 de junio del año que viene. Son ocho meses y no digo que no tenga una carga de trabajo importante, pero por eso vamos a organizar, vamos a ver qué medios hay que dotarles», ha insistido el ministro.

«No creo por tanto que debamos modificar la ley. La ley acaba de ser aprobada. La ley tiene toda la calidad y las garantías democráticas», ha recalcado Catalá.

Catalá ha insistido en que los plazos máximos para la instrucción de seis o 18 meses responden al «compromiso» de que la Justicia «tiene que ser más rápida y en particular la Justicia penal» y en todo caso «pueden ser prorrogados todos ellos».

«O sea que en ningún caso va a haber impunidad. En ningún caso va a haber un archivo, un asunto que deje de investigar la comisión de un delito. Eso no sucederá en ningún caso y así lo establece la propia ley», ha remachado.

Catalá ha insistido en que dado que «compete» a los fiscales aplicar la ley hay que «ayudarles a hacer bien su trabajo, dotándoles de medios personales y materiales adecuados para el nuevo modelo de organización de trabajo que la ley plantea», algo que abordará en «más detalle» en la reunión que mantendrá este martes con las asociaciones de fiscales «críticas» con la ley y «en los próximos días» con el resto de asociaciones de jueces y otras.

«Espero que encontremos elementos que nos garantizan a todos que la nueva ley va a funcionar razonablemente», ha explicado Catalá, que ha insistido en que la norma «va a permitir que los fiscales y los jueces de instrucción hagan bien su trabajo».

Catalá ha defendido que la norma «tiene no menos de 12 o 14 elementos muy novedosos, muy importantes» para mejorar su trabajo, entre ellos los plazos máximos de instrucción de las causas, pero también la disposición de que «todos los atestados sin autor conocido ya no pasen a la Fiscalía», algo que «va a reducir notablemente» su trabajo o el «proceso de aceptación por decreto, una especie de juicio rápido muy ejecutivo que también va a agilizar el trabajo».

Y ha insistido en que la respuesta para por «mejores» sistemas de gestión informática y bases de datos, «refuerzos en algún caso de personal, tanto de funcionarios como de fiscales» y garantizar que «la Fiscalía tenga minuciosamente toda la información que se tramita en el juzgado de instrucción», ideas que discutirá con las asociaciones «con mayor detalle» este martes.-Informó Europa Press.