Los ánimos no se calman en el colectivo de registradores. El pasado viernes, la Asociación Profesional de Registradores, a la que pertenecen 997 de estos fedatarios públicos de los algo más de 1.000 que hay en toda España, anunció su “voluntad de acudir a los tribunales, si el proyecto de demarcación registral mantiene los aspectos lesivos para el servicio público y la función registral”. La asociación ha manifestado su “oposición a un proyecto que implica un cambio sustancial en el modo de ejercer la profesión, con graves perjuicios para las estructuras laborales de los registros”. En un nuevo comunicado, ayer rechazaron el Real Decreto Ley 8/2014 (LA LEY 10829/2014), que asigna la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, “con la obligación de asumir todos los gastos, sin contraprestación alguna”. Se niegan a asumir “el personal que está actualmente destinado en el Registro Civil”, oponiéndose también a las medidas que conducen a la división del colectivo y la posible desaparición del Colegio de Registradores.