El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, ha destinado, en el primer semestre del ejercicio 2022, casi 10 millones de euros (9.798.940 euros) con el objetivo de reforzar el plan de choque para el poder judicial. Esta inversión se ha hecho con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones.

El Ministerio de Justicia ha adoptado todas las decisiones relacionadas con las medidas que afectan a los órganos judiciales de manera conjunta y en cogobernanza con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto la aprobación de nuevos refuerzos, como la retirada de esto, se han realizado con el acuerdo del Servicio de Inspección del CGPJ, en virtud de las nuevas necesidades que se prevén para los juzgados en el ejercicio 2022.

En 2021 se destinaron 10.893.475 euros para reforzar el poder judicial. En este sentido, el Ministerio de Justicia destinó este montante a refuerzos de naturaleza jurisdiccional, consistente en la designación de jueces y magistrados, para ejercer funciones jurisdiccionales, como refuerzo en órganos judiciales.

Los refuerzos de naturaleza jurisdiccional contaban con refuerzos de carácter ordinario, a los que se destinaron 7.080.281 euros; y refuerzos para hacer frente a los efectos causados por la pandemia de la Covid-19, con 3.813.193 euros.

Por otro lado, también se destinó parte del presupuesto 2021 en refuerzos no jurisdiccionales, consistentes en la designación de letrados de refuerzo del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, 12 en concreto.

Se prevé que, a partir del próximo 30 de junio, una vez finalizada la moratoria concursal, la jurisdicción mercantil y los juzgados de primera instancia, tendrán una carga mayor de trabajo, para los que se ha previsto destinar los casi tres millones de euros restantes del presupuesto global.

Compromiso de dotar a la Sala Tercera de TS con tres letrados coordinadores

Por otro lado, este jueves se han reunido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa.

El secretario general ha trasladado a Tolosa la voluntad del Ministerio de que las reformas propuestas sean incorporadas, vía enmienda, al proyecto de ley de Eficiencia Procesal.

Asimismo, Olmedo ha manifestado que Justicia comprende las dificultades que generará a la Sala Tercera la tramitación y resolución de esa bolsa enorme de asuntos de responsabilidad patrimonial que le ha referido el presidente, mostrándose favorable a las medidas de refuerzo propuestas por la Sala Tercera consistentes en la dotación de tres letrados coordinadores, con la categoría de magistrado, que se hagan cargo de las labores de gestión y auxilio técnico a la sección de enjuiciamiento correspondiente.

Además, el secretario general también ha comunicado a Tolosa que el Ministerio “está trabajando en una reforma legislativa que acabe con la situación de diferencia retributiva que, desde la reforma del año 2015, sufren los letrados coordinadores del TS en función del cuerpo de procedencia”.

A la reunión también han asistido el subdirector general de Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, Luis González; el director del gabinete Técnico del TS, Juan Manuel San Cristóbal; el secretario de Gobierno del TS, Ángel Tomás Ruano; el letrado coordinador del Área Contencioso-administrativa, Pedro Escribano; y una Asesora del Ministerio de Justicia.

Fuente: elderecho.com