Polémica entre las asociaciones judiciales por la reforma procesal penal

A. Vigil.- La próxima entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim (LA LEY 1/1882)) preocupa a jueces y fiscales. En un comunicado conjunto emitido ayer, seis asociaciones de ambos colectivos solicitaban “la suspensión de la entrada en vigor” del texto, prevista para el próximo 5 de diciembre.
Las razones para ello son que, en la actualidad, la Administración de Justicia no dispone de “medios personales, materiales e informáticos” que posibiliten “el cumplimiento de la norma”. Se refieren, concretamente, a la polémica medida que limita los plazos de instrucción.
El comunicado señala que es “absurdo” asumir que estos plazos son “realistas”, y advierte de que de ello se va a derivar “la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados”.
Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, discrepa en la rotundidad del comunicado de las demás asociaciones. En una nota aparte aclaró que, aunque coincide en algunas críticas a los plazos de instrucción –cuestión que, en su opinión no se resuelve retrasando la entrada en vigor, sino revisando la norma–, la reforma de la LECrim (LA LEY 1/1882) “es la mayor y la más profunda modificación de la ley procesal abordada desde el advenimiento democrático, regulando cuestiones que no lo estaban y que afectaban de manera intensa a los derechos de cualquier ciudadano”.
En este sentido, valora positivamente cuestiones de la reforma, como las novedades que se introducen en la investigación tecnológica, la generalización de la segunda instancia penal o la posibilidad de proceder al decomiso de los efectos del delito.
Y respecto a los plazos de instrucción, la APM reconoce “la empírica dificultad –casi imposibilidad– de que las investigaciones complejas” culminen en el plazo previsto, pero cree que es coherente que se impida “que cualquier ciudadano pueda estar sometido a una investigación por tiempo indefinido”.