Nuevo protocolo para la protección de la información confidencial en el proceso judicial civil

Los Juzgados Mercantiles de Barcelona —siempre a la vanguardia judicial en España— acaban de hacer público el «Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles». Este Protocolo se ha elaborado en el contexto del Proyecto Piloto del CGPJ, el cual se prevé que culmine con la creación del Tribunal de Protección del Secreto Empresarial. Este tribunal especializado estará previsiblemente ubicado en Barcelona y tendrá competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la reciente Ley 1/2019, de 20 de febrero (LA LEY 2045/2019), de Secretos Empresariales (LSE), en toda España.

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aunque el proyecto piloto se encuentra en una fase todavía prematura, el Protocolo surge ante la necesidad de establecer, como primer paso, unas prácticas procesales comunes que permitan a los Juzgados adoptar medidas homogéneas en la protección de la información confidencial en todo tipo de procedimientos civiles.

Es este último punto —el ámbito de aplicación— el que dota al Protocolo de especial relevancia. Los Juzgados podrán adoptar medidas de protección específicas de la confidencialidad no solo en los litigios por competencia desleal en los que se aplique la LSE, sino en todos los procedimientos civiles en los que se aporte información susceptible de ser considerada como secreto empresarial.

II. ¿QUÉ MEDIDAS PUEDO SOLICITAR?

En primer lugar, el Protocolo realiza una descripción de las medidas previstas expresamente en el ordenamiento —principalmente el artículo 15 de la LSE y el 283 bis b) de la LEC— entre las cuales se encuentran: restringir a un número limitado de personas el acceso tanto a documentos y soportes como a las vistas y sus grabaciones, elaborar versiones no confidenciales de documentos y resoluciones, limitar el acceso a las confidenciales y encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información de forma agregada.

Adicionalmente, el Protocolo prevé la posibilidad de que no se efectúe el traslado de copias directo entre procuradores. Para ello, la información deberá aportarse en sobre cerrado ante el Juzgado en formato físico o digital y el Letrado de la Administración de Justicia será el responsable de custodiar la información bajo llave.

Además, el Protocolo también prevé que se establezcan uno o varios círculos de confidencialidad concéntricos. Para ello, habrá que determinar qué información se incluye en cada anillo y las condiciones para acceder a la información en formato físico y digital. También habrá que identificar a las personas que tienen acceso a cada uno de los niveles de protección y será necesaria la suscripción de declaraciones o compromisos de confidencialidad.

En cuanto a las medidas de seguridad digitales, el Protocolo es consciente de las carencias del sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia (Justicia.cat en el caso de Cataluña) e invita a los poderes públicos a implantar medidas de seguridad adecuadas. En este sentido, sería adecuado que avanzásemos hacia un modelo de virtual data room en el que la información declarada como confidencial se alojara en una plataforma segura cuyo acceso pudiera controlarse digitalmente, por ejemplo, mediante acceso con certificado digital. Sin duda, ello constituiría un paso más en la implantación efectiva del expediente judicial electrónico.

Por todo ello, gracias al Protocolo, tanto las partes como los Juzgados cuentan hoy con una herramienta práctica que contribuirá a mejorar el proceso judicial civil e incentivará a quienes en él intervienen a solicitar y otorgar a los secretos empresariales la protección jurídica que merecen.