Informe CGPJ al Anteproyecto de ley de impulso a la mediación

  • El Consejo General del Poder Judicial ha emitido el preceptivo informe para la evaluación y examen del Anteproyecto de ley de impulso a la mediación. Aunque la conclusión general es positiva, se considera excesiva la vacatio legis de 3 años establecida en su disposición final segunda.

El Anteproyecto de Ley objeto de informe tiene por objeto, en síntesis, establecer medidas legislativas, específicamente de carácter procesal o con proyección procesal, que sirvan para impulsar, fomentar y alentar el recurso a la mediación, como un instrumento de autocomposición eficaz de controversias surgidas entre sujetos de Derecho privado en materias sobre las que tienen poder de disposición. En este sentido, la mediación se concibe como un instrumento de resolución de conflictos alternativo a la jurisdicción, en el caso de la mediación extraprocesal, o como un complemento o herramienta procesal de respuesta y solución dentro del proceso judicial, en el caso de la llamada mediación intrajudicial o intraprocesal.

Atendido el contenido del Anteproyecto, puede adelantarse una primera conclusión de carácter general, que se resume en una valoración, también general positiva del proyecto normativo, en la medida en que gravita sobre el eje principal de las medidas de impulso a la mediación, cual es la determinación del carácter obligatorio de la sesión informativa, su alcance y consecuencias.

Asimismo, el texto se muestra sensible a las demandas de los más significados sectores y agentes de la mediación, recogiendo en su articulado aquellas reivindicaciones más relevantes en la configuración del esquema de medidas de impulso a la mediación. Sin embargo, entiende que resulta excesiva la vacatio legis de tres años que se establece en la disposición final segunda, debería contemplarse una vacatio proporcionada a las verdaderas necesidades para la implantación del sistema, acaso con una mayor implicación de todas las Administraciones públicas, siendo preferible no demorar la entrada en vigor de la norma proyectada más allá de seis meses.

Fuente: Diario La Ley



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