Según informa el sindicato en una nota, las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia en esta materia son una “nueva chapuza y un ejemplo más de improvisación en el sistema judicial” equiparable, según han dicho, a lo ocurrido con los Juzgados de Violencia, y por ello han propuesto que se lleve a cabo una iniciativa legislativa que fuerce a los bancos a devolver de manera automática cuantas cantidades hayan sido pagadas por esas cláusulas, declaradas ilegales por la Justicia Europea.

“STAJ solicita, simplemente, el cumplimiento de las sentencias judiciales y no la rejudicialización innecesaria, que conllevará más perjuicio al ciudadano, más gasto al erario público y una nueva losa para la Justicia”, han expuesto en la nota en la que añaden que, de manera subsidiaria, apuestan por la creación “real e inmediata” de un Juzgado en cada provincia, o cuantos sean necesarios, para atender estas reclamaciones.

JUZGADOS SOBRECARGADOS

Los trabajadores de la Administración de Justicia responden así al acuerdo alcanzado entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para poner en marcha un sistema que permitirá agilizar las demandas. Consiste en dotar a uno o varios juzgados de 1ª instancia, a nivel provincial, el conocimiento de los asuntos en materia de cláusulas suelo, dotándolos con jueces de adscripción territorial o jueces en comisiones de servicio.

A su juicio los juzgados están ya sobrecargados con el trabajo actual y no podrán asumir la “ingente cantidad” de demandas que se van a generar, lo que provocará un aumento del retraso en la resolución de una situación que perjudicará directamente a los ciudadanos.