«máximo interés y necesidad».

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha mostrado su «decepción» con las líneas generales que el Ministerio de Justicia les ha transmitido sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)(LOPJ) que prevé aprobar en breve. A su juicio, el Gobierno debe tratar la Justicia como una «cuestión de Estado» y abandonar precipitadas reformas.

Para el SISEJ, un pacto de Estado, que implique la búsqueda del consenso político más amplio, no puede suplirse con el «simple» diálogo y es oportuno que el Gobierno de Mariano Rajoy reflexione sobre si «de verdad» es necesaria una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) a pocos meses de la disolución de las Cortes Generales.
En concreto, critica el nuevo reparto puntual de cargas de trabajo entre juzgados del mismo partido judicial que contempla el anteproyecto al entender que se trata de una medida «improvisada», fruto de la falta de planificación y de una nueva tentativa para «maquillar» las cifras de la Justicia sin cambiar el modelo organizativo.
En relación con el estatuto orgánico de los secretarios judiciales, denuncia la intención de mantener el régimen de categorías profesionales, cuya «torpe gestión ha causado un perjuicio salarial y profesional a las últimas promociones». «No obstante, el Ministerio ha anunciado que tratará de arreglar por vía legislativa la situación de los secretarios judiciales sin categoría, iniciativa que consideramos positiva», ha añadido.
El SISEJ ha manifestado también su preocupación por la regulación del régimen de sustituciones y el régimen disciplinario, que se pretende equiparar a la Carrera Judicial. En su opinión, la reforma tampoco avanza en el derecho a la negociación colectiva de los fedatarios públicos, cuyas condiciones profesionales son negociadas en la mesa sindical donde no tienen representación por sus asociaciones.
«El derecho a la negociación colectiva, como expresión de la libertad sindical constitucionalmente regulada, no puede en ningún caso ser sustituido por el trámite de audiencia a asociaciones que se nos ha anunciado en la reforma de la LOPJ (LA LEY 1694/1985)», ha advertido.
Además, el SISEJ ha calificado de «secundaria y desacertada» la cuestión de cambiar el nombre de estos profesionales y ha valorado que se mantenga el estatuto orgánico del secretario judicial dentro del Libro Segundo de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), vinculado a la jefatura de la
oficina judicial. Por todo ello, cree que la reforma apenas contribuirá a mejorar la Administración de Justicia, algo que , a su juicio, solo puede abordarse desde el consenso.
DOS ORGANIZACIONES CELEBRAN LA REFORMA
De opinión distinta es el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), que consideran la reforma del «máximo interés y necesidad» para el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales y para la Administración de Justicia en general.
A su juicio, mejorará la situación de los juzgados más colapsados mediante un reparto de cargas de trabajo que permita homogeneizar la respuesta judicial a los tiempos, equilibrar las cargas y asegurar la «igualdad» del ciudadano al recibir tutela judicial efectiva.
Aplauden el cambio de la denominación de los fedatarios públicos, su consolidación de forma expresa en su condición de directores de las oficinas judiciales y la adaptación del catálogo de faltas disciplinarias a la condición directiva de este Cuerpo, así como la previsión de potenciar sus funciones, por ejemplo en materia de mediación.
Han destacado que el texto asegurará la «autonomía e independencia» de la fe pública judicial y, sobre todo, solucionará los defectos del sistema de categorías profesionales dando respuesta a una «situación injusta para parte de compañeros, con adquisición inicial de la tercera consolidada de ingreso».-Informó Europa Press.