El presidente de la Audiencia Nacional pide que sean fiscales y no el juez los que investiguen delitos transnacionales

  • Navarro pide a los grupos políticos que “definitivamente den el paso”, porque sería un “avance” y mejoraría la lucha contra estos delitos.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, cree que sería un “avance” para la lucha contra los delitos transnacionales, especialmente los relacionados con la trata de personas, que fuera la Fiscalía la que los investigue en vez de los jueces.

“Lo propongo en el convencimiento de que mejorará la lucha contra este tipo de delitos”, aseveró Navarro durante su intervención en la jornada ‘La trata de mujeres con fines de explotación sexual’, que se ha celebrado este viernes en el Parlamento de Canarias organizada por el Diputado del Común.

Navarro dijo que la “experiencia que se puede obtener” en la Audiencia Nacional sobre los delitos transnacionales apunta a la necesidad de la “especialización de los órganos judiciales y del ministerio fiscal”.

Por ello, mantuvo que un “paso a dar” sería que “la investigación de los delitos [transnacionales], y más estos [de trata], se deba dejar en manos del Ministerio Fiscal y que el juez sea de garantías”. “Sería un avance”, aseguró.

PIDE A LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE “DEFINITIVAMENTE DEL EL PASO”

El presidente de la Audiencia Nacional consideró que “todos partidos están de acuerdo” pues, recordó, tanto el PSOE como el PP realizaron propuestas similares en este sentido. Por ello, pidió a los grupos parlamentarios, regionales y nacionales, que “definitivamente den ese paso”.

Además, Navarro defendió que “la víctima tiene que tener más protagonismo” en todos los delitos pero especialmente en los relacionados con la trata de personas y abogó por “cambiar el paradigma de cómo se trata este delito en especial y a la víctima”.

ABOGA QUE LA TRATA DE PERSONAS SEA UN DELITO DE LESA HUMANIDAD

Para el presidente de la Audiencia Nacional la trata de personas “debería tratarse de un derecho de lesa humanidad, perseguible en cualquier país”.

El magistrado defendió también que las víctimas de trata deben estar exentas de debate judicial sobre si cambia el algo su teórico consentimiento, pues están en “situación de especial vulnerabilidad” y muchas veces esa circunstancia les empuja a tener más lealtad al responsable de su situación que a los cuerpos de seguridad. Temen, por ejemplo, relató, que sean expulsados del país o a vivir en soledad su situación.

“La trata con fines de explotación sexual es una de las más graves manifestaciones de la violencia de género”, incidió, pues ese apelativo corresponde a aquellos hechos que atentan contra la mujer “por el hecho de ser mujer o porque afecta a las mujeres de forma desproporcionada”.

EL 95% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA SEXUAL SON MUJERES O NIÑAS

En este sentido, remarcó que en la trata de personas para la explotación sexual el “95 por ciento son mujeres o niñas”. También lamentó que “España sea el tercer país en demanda de prostitución, por detrás de Puerto Rico y Tailandia”, mientras que el “número de procesos y condenas” a este respecto sean “llamativamente escasos”.

En 2018, pocas más de 120 diligencias, 103 de trata para explotación sexual con menos de 400 mujeres víctimas. “Es escasa para la realidad que hay, dada la extensión” del entramado y fruto de la “dificultad policial” para la investigación de este tipo de delitos.

Apoyó la valoración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la necesidad de impulsar “una ley integral contra la trata de seres humanos”, desde una “perspectiva global” y “multidisciplinar”. Por ello, defendió la importancia de “investigadores formados” que sean capaces de “comprender la situación de la víctima”, que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos están en situación de “esclavitud”.

Para concluir, remarcó que las redes dedicadas a esta actividad ilícita solo pueden ser detenidos de raíz si se hace “desaparecer el beneficio” económico y con ello se mostró favorable a que los jueces usen desde el primer momento la incautación de fondos y el embargo de bienes, siempre que se estime que al finalizar el procedimiento serán decomisadas y con el objetivo de “evitar que vuelvan a ser usadas para fines ilícitos”.

“LA SOCIEDAD MIRA PARA OTRO LADO ANTE LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI”

El Diputado del Común, Rafael Yanes, dijo que “preocupa y mucho” este tipo de delitos de trata y mantuvo que son una “realidad silenciada” por la sociedad, que “mira para otro lado porque se avergüenza” de que exista cerca a su puerta “compraventa de seres humanos, la esclavitud del siglo XXI”.

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, abogó también en contra del cierre de fronteras a la inmigración, que calificó de “realidad imparable” y provocan “consecuencias abominables” como el tráfico de personas.

Fuente: Diario La ley



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