El Ministerio de Justicia, en información enviada al Diario La Ley, manifiesta su postura ante la convocatoria de huelga de jueces y fiscales. Considera que la mejor forma para seguir avanzando hacia el acuerdo es reiterar la voluntad de diálogo como pauta necesaria e imprescindible para la mejora y modernización de la justicia.

Las asociaciones judiciales firmaron en junio de 2017 un manifiesto titulado 14 propuestas para la mejora de la Justicia, secundado posteriormente por las asociaciones de fiscales que añadieron otras cuatro propuestas. El Ministerio de Justicia a través de las reformas legislativas emprendidas, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de las reuniones que está manteniendo con las organizaciones judiciales y fiscales está impulsando la mayor parte de las mismas. Determinadas actuaciones como las peticiones de amparo o la fijación de cargas de trabajo corresponden al Consejo General del Poder Judicial.

Sobre las materias de competencia directa del Ministerio de Justicia se ha venido trabajando en los últimos meses y pronto serán una realidad puesto que se han incluido en una Proposición de Ley que se encuentra en tramitación parlamentaria así como en los Presupuestos Generales del Estado 2018. En este sentido, se está trabajando en tres líneas de actuación específicas:

• En primer lugar, desde el Ministerio de Justicia se están impulsando actualmente tres conjuntos de reformas legislativas para por un lado, garantizar y fomentar la independencia de la función jurisdiccional y mejorar el régimen estatutario de los jueces y magistrados y por otro, seguir mejorando y agilizando los procesos judiciales reforzando las garantías que ofrece el Ministerio Fiscal.

• El primer paquete de medidas se articula a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) que se encuentra ya en tramitación parlamentaria. Gracias a esta reforma se introducen mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces y magistrados, se suprimirá la designación de magistrados de los tribunales superiores de Justicia por los parlamentos autonómicos, se regularán las puertas giratorias, se reformará el sistema de elección de los cargos judiciales incorporando criterios objetivos, limitando mandatos e imponiendo en los nombramientos una mención específica a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y se introducirán otras medidas de fomento de la transparencia como la obligación de declaración de los bienes de los cargos directivos de la judicatura.
• El segundo paquete de medidas se articula a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) y el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (LA LEY 2938/1981) . Con ello se logrará la modernización de nuestro proceso penal siguiendo el modelo propio de los países de nuestro entorno mediante la atribución de la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal, la simplificación del procedimiento de investigación y una regulación integral de la ejecución penal. Asimismo, el Ministerio Fiscal cobrará un mayor protagonismo y verá reforzadas sus garantías en defensa del interés general, dando así cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España y regulando y modernizando los principios de funcionamiento de la Fiscalía y fomentando su especialización.
• Y el tercer paquete de medidas tiene por objeto continuar profundizando en las reformas ya iniciadas en 2015 para la agilización de los procedimientos y mejoras organizativas. En el marco de la citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) se impulsan medidas para mejorar la organización de los funcionarios de Justicia que permitan responder de forma más eficaz a las necesidades de la Administración de Justicia, racionalizar los procesos de trabajo e impulsar el uso de las nuevas tecnologías. Igualmente se posibilita la constitución de secciones conformadas por órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional y por especialidades para atender más eficazmente las necesidades de la Administración de Justicia.
• En segundo lugar, en materia presupuestaria son varios los aspectos económicos sobre los que se está actualmente trabajando en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, fundamentalmente para la mejora retributiva y las inversiones en materia de Justicia.
• Por una parte, se podrán extender a jueces y fiscales las medidas previstas en el Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo suscrito por Gobierno y sindicatos en marzo de 2018. Gracias a este acuerdo, en tres años se producirá un incremento retributivo que puede alcanzar el 8,79%, esto es, un aumento en más de 30 millones de euros durante los próximos tres ejercicios.
• Por otra, la Oferta de Empleo Público permitirá la convocatoria de 300 plazas para jueces y fiscales, adicionales a las 3.759 plazas para el personal de la Administración de Justicia. En consecuencia, se triplica en 2018 el número de plazas ofertadas en cada uno de los ejercicios anteriores, en lo que constituye un importante esfuerzo para favorecer e incrementar la dotación de recursos en nuestra Administración de Justicia.
• Finalmente, el esfuerzo presupuestario del Ministerio de Justicia se completa con un incremento sostenido acumulado del 20% en los últimos 4 años. Esto se traduce en que para 2018 las inversiones en obras e infraestructuras superarán los 50 millones de euros destinados a actuaciones en sedes y edificios judiciales, con un incremento de 16,8 millones respecto al ejercicio anterior. Igualmente, este año se incrementa un 32% la partida destinada a Asistencia Jurídica Gratuita, de manera que aumentarán los honorarios en el Turno de Oficio en un 30% de media y se creará un Servicio de Asistencia Jurídica Especializada en Violencia de Género que se incluye en el marco de inversiones para dar cumplimiento al Pacto de Estado de Lucha contra la Violencia de Género en el que el Ministerio de Justicia invierte un total de 58,8 millones de euros.
• Por lo que se refiere a la transformación tecnológica en la Administración de Justicia, para seguir mejorando los servicios tecnológicos prestados las inversiones alcanzan los 132 millones de euros en 2018 destinados en gran parte a culminar el despliegue de Fiscalía digital en el territorio del Ministerio de Justicia y el desarrollo de un sistema de gestión procesal. Este esfuerzo permitirá asimismo consolidar Justicia digital con mejores funcionalidades para jueces, letrados y personal de la Administración de Justicia, culminar su implantación en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, potenciar la gestión del cambio mediante la mejora de la formación, reforzar la ciberseguridad, renovar el equipamiento de salas de vista para conseguir una alta calidad digital en las grabaciones y fortalecer las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos mediante elementos que presten a las aplicaciones judiciales un mayor rendimiento, estabilidad y seguridad.
• Y en tercer lugar, en cuanto a las reclamaciones retributivas de jueces y fiscales, el Gobierno ya inició en 2017 los trabajos para la convocatoria de la mesa de retribuciones, habiendo mantenido hasta la fecha un total de seis reuniones en el ámbito de la Administración de Justicia.

• Al margen de la extensión a jueces y fiscales de las mejoras retributivas generales consignadas en la Ley de Presupuestos de 2018, se está trabajando a su vez en la mejora de las retribuciones por la prestación de los servicios de guardia, en la actualización de las determinaciones de los grupos de población y de forma específica en lograr el incremento de la cantidad destinada a las retribuciones variables de jueces y fiscales.
• En esta materia, los responsables del Ministerio de Justicia mantienen abierto de forma permanente el diálogo con todas las asociaciones de jueces y fiscales no solo a través de la mesa de trabajo en materia retributiva, sino también mediante la constitución de grupos de trabajo específicos en materia de nuevas tecnologías para el desarrollo de la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y en materia de refuerzos tanto para la Administración de Justicia como para el Ministerio Fiscal.

Son evidentes, en consecuencia, los significativos avances que el Ministerio de Justicia está realizando en cada una de estas materias con las asociaciones de jueces y fiscales. Por tanto, este departamento ministerial considera que la mejor forma para seguir avanzando hacia el acuerdo no es sino reiterando la voluntad de diálogo como pauta necesaria e imprescindible para, entre todos, seguir mejorando y modernizando el servicio público y de calidad prestado a los ciudadanos por nuestra Administración de Justicia.

Fuente: EuropaPress