El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado actualizar el mapa judicial de riesgos y alertas de sobrecargas de trabajo y también dar indicadores orientativos para una “agenda saludable”, con el objetivo de “proteger la salud de jueces y magistrados”.

Se trata de una propuesta de trabajo que ha aprobado la Comisión Permanente del CGPJ y que fue presentada por los vocales Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya, según ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces.

Así se busca dar cumplimiento –ha indicado– a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en 2023 al CGPJ a regular la carga de trabajo de los miembros de la carrera judicial para proteger su salud laboral.

Por un lado, se ha acordado la elaboración de un mapa judicial de riesgos y de un sistema de alertas que permita disponer de datos actualizados sobre las cargas de trabajo de todos los órganos judiciales, tanto de los unipersonales como de los colegiados.

Para cumplir esta iniciativa, solicitará al Servicio de Inspección un informe sobre los órganos judiciales con módulos de entrada de asuntos comprendidos entre el 150% y el 175%, entre el 175% y el 200% y los que superen el 200%.

Y para el correcto desarrollo del mapa de riesgos y de sistema de alertas, el CGPJ utilizará la metodología y parámetros ya empleados, como el indicador de la carga de trabajo y la pendencia puesta en relación con la media de la comunidad autónoma y con la media nacional, según ha explicado.

Agenda saludable

Por otro lado, la Comisión Permanente ha acordado proporcionar a los miembros de la carrera judicial un documento de trabajo con indicadores orientativos que permita a jueces y magistrados elaborar una “agenda saludable” de la actividad del órgano judicial.

La confección de este documento, según el CGPJ, se realizará por varios grupos de trabajo –uno por cada orden jurisdiccional–, en cuya composición se tendrán en cuenta las perspectiva de edad y de género.

Esta doble propuesta aprobada por la Comisión Permanente se basa en el informe jurídico sobre el alcance y efectos de la sentencia del Tribunal Supremo redactado por el Gabinete Técnico del CGPJ y con lo acordado durante la reunión mantenida con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSSCJ), presidida por el propio Martínez Moya.

El pasado febrero, la CNSSCJ pidió a la Comisión Permanente que se tomen nuevas medidas para proteger la salud laboral de los jueces y magistrados, después de que el Supremo condenara al Consejo por no regular la carga de trabajo, estimando parcialmente el recurso presentado por las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI).