El Banco de España vincula el número de abogados a la litigiosidad.

Almudena Vigil.- ¿Existe relación entre la elevada litigiosidad en España y el alto número de abogados per cápita? Según el Banco de España, sí. Al menos así lo mantiene un documento de trabajo publicado recientemente por esta institución en el que se analiza el mercado de servicios legales en España y su vinculación con la litigiosidad del país entre los años 2001 y 2010.
Según el estudio, “existe una evidencia empírica de asociación positiva entre el número de abogados por habitante y el número de litigios”. Y para demostrarlo, analiza el caso de España que, según recuerda, cuenta con más pleitos y más abogados por habitante que la mayoría de los países de la OCDE.
El documento de trabajo del organismo español arranca su análisis repasando las justificaciones genéricas y teóricas que se han venido manteniendo en diversos estudios a nivel internacional para explicar por qué aumentar el número de abogados incrementa la litigiosidad. Algunas de ellas son, por ejemplo, los bajos precios de los servicios como consecuencia de una amplia oferta de profesionales; el marco regulatorio, que impone ciertas restricciones para la compensación económica de los abogados, animándoles a buscar más negocio; o la concentración y la propia naturaleza del mercado empresarial, que puede llevar a los letrados a interesarse más por clientes personas físicas, más propensos a litigar.
Evidencia empírica
A partir de ahí, la investigación del Banco de España va un paso más allá y trata de demostrar con datos empíricos hasta qué punto los dos factores de litigiosidad y número de abogados están relacionados. Para ello, el trabajo analiza la variación de ambas variables en las provincias españolas y concluye, empleando diferentes metodologías de medición que por cada 1% de incremento en el número de abogados, la tasa de litigiosidad crece un 1,4%.
El documento, del que son autores Juan Mora-Sanguinetti, economista titulado del Banco de España, y Nuno Garoupa, catedrático de la Universidad de Illinois, demuestra que la situación en nuestro país es favorable a la litigiosidad y plantea que moderar el alto volumen de asuntos requeriría medidas como restricciones para la resolución de conflictos por vía judicial o un aumento del coste de los pleitos, entre otras. En este sentido, hace mención a algunas medidas regulatorias que han desincentivado en los últimos años la llegada de pleitos a los tribunales: la Ley de Acceso a la Abogacía, que limita el número de letrados que acceden a la profesión, o la Ley de Tasas, con la que se encareció el precio de los litigios.
En otros países se han llevado a cabo estudios similares sin que el posicionamiento haya sido unánime en sus respectivas jurisdicciones. Así, existen varios informes sobre Estados Unidos, Japón e Italia en los que se ha encontrado también una relación entre el número de abogados y el volumen de litigios, mientras en el caso de Austria y en otro informe diferente sobre Estados Unidos e Inglaterra no se aprecia un vínculo entre ambos factores.
Inflación de letrados en la universidad
«Las universidades españolas parecen haber ‘producido’ un excesivo número de abogados que, a su vez, traen consigo una adicional carga de trabajo de nuevos conflictos para el sistema judicial». Esta es una de las conclusiones del documento publicado por el Banco de España, que incluye un análisis por provincias sobre la creación de facultades de Derecho en las universidades españolas. Lo considera una variable interesante a tener en cuenta para la elaboración del estudio, porque el hecho de que en España, a diferencia de Estados Unidos, la creación de nuevas facultades no suela responder a las necesidades reales del mercado, es una muestra más de que no es el hecho de que haya más litigios lo que atrae a los abogados, sino al revés.
Bases para el estudio
España es el tercer país con más litigios per cápita y el séptimo estado de la UE con mayor número de abogados por habitante.
El estudio, hecho por provincias, se ha servido de variables como la riqueza de cada demarcación, el número de empresas, el paro o la morosidad.
También ha tenido en cuenta si una provincia es sede de un Tribunal Superior de Justicia.