En un desayuno informativo de Forum Europa en Bilbao, Catalá ha recordado que desde hace una treintena de años se habla de la reforma de la Justicia, y ha señalado que el diagnóstico ya “está hecho”, pero “toca aplicar el tratamiento que permitiría resolver los problemas” que existen.

“Nosotros hemos intentado empezar a caminar en esa dirección, por ejemplo, con la creación dentro del Congreso de los Diputados de una subcomisión para la reflexión en torno a la ‘Estrategia Nacional de la Justicia’, que es algo más que un pacto de Estado”, ha afirmado.

A su juicio, “en esta etapa, además del acuerdo entre los partidos políticos” para materializar “una verdadera reforma de la Justicia”, se precisa contar con el apoyo de instituciones, como el Poder Judicial y su órgano de Gobierno, el CGPJ; la Fiscalía General del Estado o las comunidades autónomas. También considera necesario que haya un consenso entre los profesionales que ejercen en la Administración de Justicia.

Rafael Catalá ha recordado que, en la actualidad, se tienen que presentar las conclusiones de la subcomisión en la Cámara alta y espera que “haya un buen acuerdo que permita construir para el futuro” mediante la promoción de “reformas eficaces, con contenidos, que modifiquen los problemas tradicionales de la Justicia”. En este sentido, cree que son siete las materias que hay que modificar.

La primera de la reformas estaría enfocada a que haya “buenos profesionales, en el número adecuado para abordar la carga de trabajo” existente, pero también “cualificados y formados específicamente”. A su juicio, tener recursos es “muy importante”, y en este sentido, ha destacado que desde 2015 se mantiene un incremento sostenido de Presupuestos del Ministerio de Justicia por encima del 7%, pese a la crisis económica.

Además, espera que las cuentas públicas estatales de 2018 se aprueben en las próximas semanas para “sostener la oferta de empleo público”. “Nuestro compromiso es que el año que viene se convoquen 300 plazas de jueces y fiscales, que es un impulso muy importante”, ha explicado.

El ministro ha afirmado que hay un número muy alto de interinidad de funcionarios en la Administración de Justicia, y ha apuntado que hay “un proyecto de convocar este año 3.000 plazas de la Oferta de Empleo Público”.

“BUENAS LEYES”

Rafael Catalá ha señalado que el segundo de los ejes en el que “hay que trabajar intensamente” es en el aspecto normativo. “Debemos tener buenas leyes que nos ayuden a que la Justicia sea más ágil y más cercana al ciudadano”, ha señalado, en referencia a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882).

“Ha llegado el momento de proceder a su revisión profunda, con un diseño nuevo, en el que se otorgue todo el protagonismo al juicio oral y en él se practique la prueba”, ha apuntado.

A su juicio, ahora se tiene “absolutamente confundido el modelo de enjuiciamiento penal”, ya que “la instrucción se dilata durante años y se pretende hacer una especie de antejuicio”, para, luego, “repetir todo el procedimiento en la fase de juicio oral”.

En este sentido, ha abogado por “simplificar procedimientos y recursos”, y por articular “un procedimiento especial para la investigación para el enjuiciamiento simultáneo de menores y de mayores, sin que signifique ninguna merma de la tutela respecto de los derechos de los menores”.

También ha apostado por “fortalecer la garantía de la defensa, de manera que las partes puedan participar en la parte de investigación inicial, solicitando diligencias”. Catalá ha señalado que debe “reunirse íntegramente la ejecución penal, estableciendo un régimen actualizado, ordenado y completo para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales”. Asimismo, cree que debe haber un fiscal investigador.

“Nos hemos convertido en una isla en Europa en cuanto a procedimiento penal”, ha indicado, para apuntar que España, en este sentido, “sigue anclada en el modelo tradicional del siglo XIX” y, por lo tanto, es una de “las grandes asignaturas pendientes”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La tercera línea de la reforma es la agilización y mejora de las leyes procesales”, en este caso aplicadas a la Ley de Enjuiciamiento Civil. “Hay que utilizar las nuevas tecnologías para fomentar el sistema de comunicaciones y notificaciones”, ha apuntado, para precisar que, en la actualidad, esto genera “un altísimo número de suspensiones y alargamientos de plazos”.

También considera que se deben ejecutar las resoluciones judiciales porque “casi el 40% de las sentencias declarativas se quedan sin ejecutar o se ejecutan de forma muy tardía y muy parcialmente”.

El ministro de Justicia ha manifestado que el cuarto eje es el de “seguir incorporando con naturalidad las nuevas tecnologías al funcionamiento dentro de la Administración de Justicia”, es decir, “pasar a la Justicia digital”.

JUSTICIA INDEPENDIENTE

El quinto elemento en el que se pretende trabajar es en “mejorar la percepción de la independencia judicial”. Tras mostrar su convicción de que la Justicia en España “es independiente y de altísima cualificación profesional”, ha apuntado que los estudios de opinión pública reflejan “que los españoles creen que hay un problema de independencia judicial”.

Por ello, considera que se deben identificar las causas de esa percepción social, y se ha preguntado si el problema radica en la forma de elección de los miembros del CGPJ. “Entonces, habrá que revisar, una vez más, el sistema de elección de los vocales para garantizar su absoluta independencia”, ha apuntado.

También ha cuestionado si el problema puede estar en que los parlamentos autonómicos tienen la capacidad de designar a un magistrado para que conforme la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. “Pues a lo mejor hay que suprimir esa vinculación”, ha añadido. A su entender, quizá este tipo de elección tuvo un sentido “en el momento inicial de la transición democrática y ahora ya no es necesario”.

Rafael Catalá estima, asimismo, que se podría ordenar “el tránsito entre la política y la Justicia”, para transmitir a los ciudadanos que “la independencia es un hecho real”.

Además, cree “conveniente promover un nuevo estatuto orgánico del ministerio fiscal (LA LEY 2938/1981) que dé nuevas herramientas y políticas de transparencia” y que fortalezca su “autonomía y capacidad normativa de la Fiscalía General del Estado en ese nuevo contexto de un fiscal investigador”.

En sexto lugar, ha destacado que las reformas tienen que ir dirigidas a mejorar el servicio a los ciudadanos, para proteger sus derechos, y en particular, los de los “más necesitados y débiles”.

SEGURIDAD JURÍDICA

El séptimo de los ejes de trabajo es el de “la seguridad jurídica como palanca de crecimiento”. “Constituye un elemento de tracción de inversiones y de desarrollo económico”, ha dicho.

En este contexto, ha indicado que el nuevo proyecto de Ley de Regulación Hipotecaria “garantizará la posición del consumidor, y le otorgará un conjunto de garantías en la fase previa a la formación del contrato”. También ha considerado que hay que abordar un texto refundido de la Ley Concursal.

“Hay que promover certezas, confianza y hacer un ejercicio de responsabilidad”, ha señalado, para señalar que “fuera de la Ley solo hay incertidumbres, riesgos e inestabilidad”.