El PP y PSOE han alcanzado este martes un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial


Ambos partidos también han pactado presentar una proposición de ley orgánica que “reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023”. Han acordado, además, nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

20 nuevos vocales propuestos

Los 20 nuevos vocales propuestos para integrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después del acuerdo alcanzado por el PSOE y por el Partido Popular, entre los que se encuentran magistrados del Tribunal Supremo, un exconsejero autonómico del PSOE o una letrada del Tribunal Constitucional, son los siguientes:

Ángel Arozamena
Ángel Arozamena (1956), propuesto por el PSOE, es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desde 2015. Fuera de la Carrera Judicial, fue vocal asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con Felipe González (1986-1990) y de director general de Relaciones con la Administración de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero (2007-2009).

Esther Erice
La magistrada Esther Erice, apadrinada por JJpD, es la primera mujer que preside la Audiencia Provincial de Navarra, donde llegó en 1989, a los tres años de entrar en la carrera judicial y después de ejercer en los juzgados de primera instancia e instrucción de Azpeitia (Guipúzcoa) y Tafalla (Navarra) e instrucción en Pamplona.

Gema Espinosa
Es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ingresó en la carrera en 1989. Desde 2013 y hasta 2018 fue directora de la Escuela Judicial. Está casada con el magistrado del Tribunal Supremo e instructor del ‘procés’ Pablo Llarena.

José María Fernández Seijo
José María Fernández Seijo, avalado por JJpD, es magistrado en un juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Su actuación trascendió a los medios en 2013, cuando planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abrió las puertas a que los jueces españoles pudieran paralizar los desahucios.

José María Páez
José María Páez, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es desde el año 2009 juez decano de Málaga, un cargo para el que ha sido elegido hasta en cuatro ocasiones consecutivas. El propio Páez instó este mismo mes a renovar el órgano de gobierno aludiendo a la necesidad de “llegar a un acuerdo”.

José Carlos Orga
José Carlos Orga, también miembro de la APM, es magistrado en la Audiencia Provincial de Logroño. Ingresó en la carrera judicial en 1999 y, antes de su actual destino, fue decano de los Juzgados de Logroño. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cervera (Lérida), donde permaneció hasta diciembre de 2002.

José Eduardo Martínez Mediavilla
Este magistrado entró en la carrera judicial en 1991 y recaló en el Juzgado de Primera Instancia de Lerma (Burgos). Tras varios destinos, en 2010 llega a la Audiencia Provincial de Cuenca como magistrado y en 2012 es nombrado presidente de la misma.

José Antonio Montero
José Antonio Montero (1958) ingresó en la carrera judicial en 1984 y se ocupaba, desde 2009 y hasta la fecha, de asuntos relativos al derecho tributario en la Sala Tercera del TS. Antes de su ingreso en el alto tribunal, el magistrado arropado por la APM fue, durante 21 años, juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Esther Rojo
María Pilar Esther Rojo es desde junio de 2019 presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, después de haber sido magistrada de la propia audiencia desde junio de 2018. Perteneciente a la APM, ha sido profesora de derecho procesal penal y ha participado en numerosas actividades de formación, tanto en el ámbito de la Escuela Judicial como en los planes de formación territorializada del CGPJ.

Carlos Preciado
Carlos Preciado, que consta en la lista de candidatos de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), fue magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es desde 2023 letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

Alejandro Abascal
Alejandro Abascal (1978) es juez de refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de haber sido responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 y haber actuado como magistrado de refuerzo durante dos años en el número 6. También avalado por la APM, tiene su plaza en el Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada.

Lucía Avilés
Magistrada de lo penal de Mataró, es socia fundadora y vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AJME) además de experta en violencia de género.

José Luis Costa Pillado
Es el actual presidente del Consello Consultivo de Galicia, habiendo presidido previamente el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma y decano de los Juzgados de Pontevedra. En 2014 llegó a ser propuesto por el Parlamento gallego como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.

Argelia Queralt
Es letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Ha investigado sobre los derechos y libertades fundamentales en Europa y en América Latina, los derechos de participación política, el feminismo jurídico y el constitucionalismo digital.

Pilar Jiménez
Pilar Jiménez Bados es fiscal superior de Cantabria desde noviembre de 2015 e ingresó en la carrera en 1985. Su primer destino fue la Fiscalía Provincial de Sevilla, hasta diciembre de 1988, cuando se trasladó a la Fiscalía Provincial de Bilbao. Y ejerció desde 1996 en Santander, donde desempeñó los cargos de fiscal delegada de Violencia de Género, fiscal decana de Menores y teniente fiscal.

Luis Martín Contreras
Actualmente es letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Previamente, fue secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional y también estuvo destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal.

Inés Herreros
Miembro de la carrera fiscal desde 2004, obtuvo su primer destino en Las Palmas de Gran Canaria. Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y actualmente trabajaba con la ex fiscal general Dolores Delgado en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Ricardo Bodas
Es magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, antes fue presidente de esa misma sala ordinaria pero en la Audiencia Nacional. Su carrera arrancó como en la abogacía hasta que ingresó en la carrera judicial en 1990 y fue destinado al Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona. En abril de 1992 tomó posesión como titular del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, en el que permaneció 17 años.

Bernardo Fernández
Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias (2006-2018) ocupó a lo largo de su carrera política vinculada al PSOE diferentes consejerías en el gobierno asturiano en los 80 y 90 llegando a ser vicepresidente con la cartera de Interior en 1991 en el gobierno de Juan Luis Rodríguez-Vigil.

Isabel Revuelta
Isabel Revuelta, letrada de Cortes, es directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado desde marzo de 2024. Antes pasó por el Congreso, y fue secretaria general técnica en el Ministerio de Defensa con Federico Trillo (PP).

Valoración de las asociaciones judiciales

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han celebrado el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del poder Judicial (CGPJ) porque así “se pone fin a una anomalía inadmisible” que se ha mantenido durante “demasiado tiempo”.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Alejandro Gómez Mariscal de Gante, ha señalado que con este acuerdo anunciado en Bruselas se vuelve “a la normalidad institucional” y ha aplaudido que, en paralelo, “se inicien los trámites para reformar la ley”.

Por su parte, en un comunicado de la asociación JJpD, su portavoz Edmundo Rodríguez ha indicado que los acuerdos hechos públicos “van por el camino correcto” dado que no aborda solo la renovación del órgano de gobierno de los jueces sino que contempla una futura reforma “basada en el consenso y el pacto”.

Destaca además que es positivo “que se hayan respetado las responsabilidades institucionales del futuro nuevo CGPJ” dado que el acuerdo “no alcanza a la presidencia” de ese órgano, que corresponde concretar a los nuevos vocales.

Desde esta asociación reclaman ahora a los futuros nuevos vocales que “afronten rápidamente la enorme tarea de recomponer el prestigio perdido y de normalizar la institución, evitando que vuelva a ser utilizado con fines partidistas”.

Por su parte, desde la AFJV señalan en un comunicado que con el acuerdo “se pone fin a una anomalía democrática sin parangón que duraba más de cinco años” –debió renovarse en 2018–, pero matizan que se pone fin a esa anomalía “de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces”.

Por otro lado, Foro Judicial Independiente (FJI) ha insistido en que el acuerdo político alcanzado “no elimina esta politización sino que más bien parece orientado a perpetuarla”, por lo que ha denunciado en un comunicado un “nuevo ataque a la independencia judicial y al principio de separación de poderes” anunciando al mismo tiempo su intención de ejercer “las acciones legales que procedan contra los actos dimanantes del nuevo Consejo”.

Propuesta para reformar la LOPJ y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

La proposición de ley que han pactado PSOE y PP con la intención de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) pretende evitar las denominadas ‘puertas giratorias‘ en los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General.

Según consta en la iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, la nueva redacción también busca que los 94 nombramientos que debe realizar el CGPJ por las vacantes en el Tribunal Supremo y la cúpula de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y Audiencias Provinciales sean elegidos por mayoría de tres quintos y no por mayoría simple, como hasta ahora.

En el apartado de la exposición de motivos del texto se defiende que la redacción responde a la “necesidad de continuar ahondando en el perfeccionamiento” de la LOPJ –vigente desde 1985– y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

La proposición apunta que pretende “reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicialen su configuración actual a través de la modificación de dos normas que desarrollan el Título VI de la Constitución Española, dedicado al poder judicial”.

La redacción consta de dos artículos, una disposición adicional, una transitoria y una final. El artículo uno tiene trece apartados que, entre otras cuestiones, afectan a los requisitos para el nombramiento de magistrados en las Salas del Tribunal Supremo y a los servicios especiales y las excedencias voluntarias de jueces y magistrados.

De 15 a 20 años de experiencia para aspirar al Supremo

El nuevo texto incrementa de 15 a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Supremo.

Asimismo, exige una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ para el nombramiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como su sustituto.

También establece que las Cámaras elegirán un suplente por cada vocal titular. Y prevé la creación de una Comisión de Calificación en el CGPJ, que estaría integrada por cinco vocales.

Dicha comisión informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del Pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas. La ley también prevé la posibilidad de que el Pleno pueda crear “otras comisiones”, por mayoría de tres quintos.

Evitar las denominadas ‘puertas giratorias’

Además, la redacción plantea una serie de cuestiones para evitar las denominadas ‘puertas giratorias’. Fija que se deberá declarar en la situación de excedencia voluntaria a los jueces que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado, Asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de una Alcaldía.

También cuando un juez sea efectivamente elegido para alguno de los cargos públicos referidos en el punto anterior; y cuando sea nombrado para cargo político de confianza con rango superior a director general.

La proposición además establece que cuando sean elegidos para cargos públicos o nombrados cargos políticos de confianza “no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria”.

El texto aclara que los jueces que sean nombrados para cargo político de confianza con rango de director general o inferior deberán ser declarados en la situación de “servicios especiales”.

Régimen de incompatibilidades

La proposición también modifica varias cuestiones referidas al CGPJ. En primer lugar, introduce un “régimen de incompatibilidades” para poder ser designado como vocal del órgano de gobierno de los jueces por el turno de juristas de reconocida competencia.

Según la proposición, “no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, bien hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado o Asambleas legislativas de las comunidades autónomas”.

En segundo lugar, obliga a que los candidatos comparezcan ante la comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente y presenten una memoria de méritos y objetivos, antes de ser elegidos vocales.

Régimen de incompatibilidades para el fiscal general del Estado

El artículo dos de la proposición de ley se centra en modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El texto regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento como fiscal general.

En este sentido, fija que “no podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma”.

La nueva redacción determina que el fiscal general del Estado “deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la LOPJ”.

Las partes intervinientes en los referidos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que se trate interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su no intervención en el proceso.

“Cuando se trate del fiscal general del Estado las partes intervinientes podrán dirigirse al teniente fiscal del Tribunal Supremo”, apunta, al tiempo que precisa que la decisión sobre su intervención en el proceso será resuelta, en su caso, por la Junta de Fiscales de Sala.

fuente: elderecho.com